No nos podía faltar un ERE

Medio centenar de trabajadores del Ayuntamiento de Macael andan preocupados desde que recibieron una carta del INEM diciéndoles que el dinero que habían solicitado cobrar como subsidio de desempleo, en virtud del ERE en el que habían sido incluidos, no se les va a pagar. La cosa es como para preocuparse, y es que después de haber hecho la cuadratura del círculo, por el momento todo ha salido mal.
A la alcaldía del Ayuntamiento de Macael llegó tras las pasadas elecciones municipales Raúl Martínez del Partido Popular, y se encontró -como les ha pasado a la inmensa mayoría de los nuevos alcaldes en toda España- con una plantilla sobredimensionada, y decidió reducirla. Lo más sencillo hubiera sido comenzar por no renovar contratos, luego pasar a despedir en orden inverso a la antigüedad hasta lograr el ajuste.
Medida traumática, cierto, pero es la misma que se sufre en el sector privado, y resulta incomprensible que los laborales -que no son funcionarios- puedan tener el privilegio de quedarse adosados al aparato administrativo en el que entraron por sinuosos caminos. 
Pero hablamos de política, y con unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, al alcalde como parece lógico no le gustaba aparecer como el malo, que no sólo echa a gente, si no que además lo hace por venganza política, ya que la inmensa mayoría de esos laborales eran del entorno del PSOE.
Alguien cuyo nombre desconocemos, le alumbró una posible solución: aplicar un ERE de reducción de jornada laboral. La idea era estupenda, el Ayuntamiento se ahorraría unos 400.000 euros al año, y los trabajadores cobrarían del INEM la diferencia respecto al sueldo que tenían antes. Vamos, que se supone que trabajarían menos y prácticamente ganarían lo mismo.
Pero como es política, hay una primera y perversa pregunta, y es si la Junta de Andalucía estaría por la labor de aceptar el ERE del Ayuntamiento, salvándole la cara a un alcalde del PP, cuando oye... si tiene que despedir... que despida... que los macaelenses comprueben lo que va a pasar en Andalucía si gana Javier Arenas. 
Pues resulta que la Delegación de Empleo se afana en buscar una solución y comienzan los trámites, entre ellos pedir informes al Servicio Público Estatal de Empleo (antiguo INEM) que será quien tenga que pagar los subsidios a esos trabajadores. Y ahí les dicen que no, les recuerdan que los ERE no pueden hacerse en los ayuntamientos, y por tanto que la prestación no podría concederse. Vaya por dios.
No pasa nada, la Consejería de Empleo lo sigue tramitando y al final decide aceptarlo. 
Llegados a este punto surgen muchas preguntas ya. La primera es quién sugirió al alcalde el ERE ¿tal vez sería la propia delegada de Empleo, Francisca Pérez Laborda? La segunda es por qué siguió adelante la Consejería a pesar de tener informes en contra del SPEE ¿esto no sería una prevaricación? La tercera es qué pensaban hacer si finalmente -como ha ocurrido- independientemente de lo que digan en el futuro los juzgados el INEM decidía no pagar las prestaciones hasta que se resuelva el asunto, lo que puede tardar incluso cinco años ¿tal vez porque lo urgente era salvar los muebles antes de las elecciones autonómicas?
Saber que una de las afectadas es hermana de la delegada quizá ayude a aclarar el motivo por el que la Junta puso tanto empeño en que se hiciera un ERE que mantenía los puestos de trabajo, en vez de optar por el despido. Habrá quien diga que esa no puede ser la razón, que no creen que eso pueda haber sido así, y quién sabe, igual hasta tiene razón, pero es lo único que explica razonablemente el interés puesto por la Junta de Andalucía en aprobar este ERE contra viento y marea.
El colofón de la historia lo pone que el encargado de firmarlo en Sevilla sea un director general imputado en la trama de los ERE fraudulentos que investiga la juez Alaya.
Seguramente a esto se busque una solución para que los trabajadores cobren de alguna manera, pero eso no quita que el ERE no podía hacerse y se hizo, y que cuando esté en los tribunales haya que establecer responsabilidades sobre su tramitación.

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