La diputada provincial socialista Esperanza Pérez se queja amargamente de que el Partido Popular que gobierna la Diputación de Almería, atribuye a la Unión Europea la recepción de unas subvenciones, pero cuando estas no llegan, apunta la responsabilidad del vicepresidente de la cosa, Manuel Chaves, y tiene razón. Como también tiene razón cuando recuerda que el dinero del PFEA que la Diputación distribuye por los municipios para distintos proyectos proviene de la Junta de Andalucía. Es verdad.
Tan verdad es eso que dice como justo lo contrario.
Los políticos suelen creer que las instituciones les pertenecen, que son suyas vamos. Pero lo peor es que creen que el dinero que manejan esas instituciones también es suyo, y que además viene de un sitio distinto al de las demás.
Es patético observar cómo en los plenos municipales de los ayuntamientos donde gobierna el PP, el PSOE prefiere defender los intereses de la Junta de Andalucía a los locales, y valga de ejemplo lo sucedido con el IBI, donde los socialistas se quejan de lo poco que se baja la cuota municipal de ese impuesto y callan sobre la cuota que se lleva la administración autonómica, y callan sobre el hecho de que la subida se debe a una decisión del Gobierno central en manos socialista.
Los ejemplos son muchos, y puedo recordar un artículo que publiqué bajo el título "La Junta contra el europeismo" en el que cuento cómo la administración autonómica se atribuye el protagonismo de una subvenciones en las que aporta muy poco pero es quien las distribuye.
Vale todo menos reconocer que todo, todo, todo, lo pagamos nosotros, los contribuyentes, y que unos y otros son meros administradores de nuestro dinero.
La diputada Pérez se muestra más afanosa en criticar la deslealtad institucional que en su opinión se resumen en lo anteriormente expuesto, que en reconocer abiertamente dos hechos objetivos: que quien hizo los informes para solicitar las subvenciones han sido una Diputación gobernada por el PSOE, y que quien las ha rechazado ha sido el Gobierno central del PSOE... la Unión Europea no las reparte y por tanto, aquí los culpables de esta desagradable historia son quienes dieron luz verde a los proyectos -presidente de la Diputación Juan Carlos Usero, socialista- y quien los rechazó -vicepresidente Manuel Chaves, socialista-.
Esta actitud patrimonalista lleva a situaciones esperpénticas como la que tuvo lugar en relación a una subvención para el Festival Almería en Corto, cuando la diputada Pérez arremete contra la de Cultura María Vázquez a quien acusaba de que la Diputación había perdido una subvención para costearlo al 50% por no haberla solicitado en tiempo y forma, algo que "casualmente" esa misma mañana confirmaba el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Antonio José Lucas. En plan perdonavidas comentó que bueno, que le darían 6.000 euros...
Pero vaya por dios, resulta que se descubre que bajo gobierno del PSOE, la Diputación había dejado pasar otra subvención del Ministerio de Cultura. Eso sí, se entiende que la diputada Pérez no lanzara sus dardos contra Usero y compañía, pero al menos podía haber intercedido para que la Junta fuera magnánima y aportara algo más de subvención para el Festival habida cuenta del escaso presupuesto con el que contará en esta edición. No, lo importante es salvarle la cara a la Junta de Andalucía, como si fuera suya, como si el dinero de esta institución no viniera de los mismos bolsillos que el que maneja la propia Diputación, el Estado, o al UE.
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