Nadie duda de que el Cabo de Gata necesita no ya ser protegido, sino mimado. Es la joya de nuestra maltrecha industria turística, pero en demasiadas ocasiones hay quienes quieren hacer de ella la gallina de los huevos de oro, que todos sabemos que no acabó ni para cazuela.
Del mismo modo, a nadie se le escapa la dificultad intrínseca que debe tener actuar en un territorio físico sobre el que tienen competencias varias administraciones, cada una no sólo ya de un color, sino también en manos de personas con distinto talante e intereses diversos.
Pero lo que está pasando en Cabo de Gata es de juzgado de guardia, y ahí es donde acaba dirimiéndose la mayor parte de los asuntos que podrían resolverse en una mesa de trabajo y con diálogo.
Hace una semana contábamos en Noticias de Almería que la Consejería de Medio Ambiente había retirado el servicio de recogida de basura, y mostrábamos las bolsas amontonadas a la entrada de las playas, y además que costaba dinero el autobús obligatorio para llegar a ellas. En los días sucesivos, esto no sólo se confirmó, es que llegó a más, y así no enteremos de que sólo dos personas tienen que limpiar los kilómetros y kilómetros de playas del Cabo de Gata, que pese a la idea que algunos puedan tener, no es un lugar al que acuden personas concienciadas con el medio ambiente, ya que de lo contrario si ven que no hay contenedores se hubieran llevados sus bolsas de basura en el coche hasta encontrar alguno… a no ser que el problema sea que en el autobús no les dejan subirlas.
Hemos sabido que el bus tenía tarifa fija, y había que pagar cada vez que se accede a él, y lo hemos sabido porque lo han cambiado.
Después de la conversación entre el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez y el delegado de Medio Ambiente, Clemente García, además de la falta de sintonía personal confesada, se demuestra cómo algo puede enquistarse hasta convertirse en una guerra de poder. García amenazó a Rodríguez con no dejarle pasar a las playas, y Rodríguez a García con recuperar el dominio municipal sobre los caminos que ahora mismo se autoatribuido la Junta. A ver quién puede más.
Eso sí, cuando se daba licencia y se construía el hotel del Algarrobico… la Junta estaba como ausente, cuando se metía un gasoducto… la Junta no tenía nada que objetar.
Lo que no puede hacer la Junta de Andalucía es trabajar a espaldas de los ayuntamientos que tienen suelo del término municipal en el Parque Natural como si no existieran. No puede, pero lo hace, y la Junta Rectora que presidente José Antonio Martínez Soler, lo que debía hacer es ser el enlace de todas estas administraciones y de los intereses de todos los que están relacionados con este paraje para conciliarlos.
Lo que sucede es que la Junta Rectora tampoco es inocente, es parte de la parte contratante, que diría Groucho Marx.
Es más, a día de hoy resulta incomprensible que el PSOE se negara en el Parlamento de Andalucía a apoyar la iniciativa de la popular Arancha Martín de declarar el Arrecife de las Sirenas, Monumento Natural. Y qué decir con la Iglesia de las Salinas, u otros lugares que necesitan atención, y los que la Junta ni hace ni deja hacer.
Es una cuestión de poder, de demostrar quién es el dueño del cortijo.
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