No hace falta acudir a casos como el de Huércal Overa (con un alcalde socialista imputado, por si se le ha olvidado al secretario provincial del PSOE Diego Asensio) para advertir lo misterioso que para el común de los mortales llegan a ser las decisiones en temas urbanísticos que se toman en algunos consistorios.
No hace falta llegar a pensar en la existencia de tramas corruptas para descubrir que algunos alcaldes hacen de su capa un sayo cuando se trata de urbanismo, que es como si pensaran que la finca es suya, y pueden hacer lo que les venga en gana.
Es el caso de la alcaldesa de Gérgal, que puso en manos de la empresa pública del suelo de la Junta de Andalucía (EPSA) unos terrenos, y luego ha tenido que ir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a decirle que de eso nada, que eso cuesta un dinero, y que o se le vende con todas las de la ley, o se está quietecita. Es decir, que tuvo que dar marcha atrás a ese regalo a costa de las arcas municipales, no se sabe muy bien a cuento de qué (el para qué eran los terrenos sí, pero el motivo de darlos gratis es opaco).
Por cierto, es un ayuntamiento socialista.
También ha sido el TSJA el que ha obligado al Ayuntamiento de Antas a anular la venta de unos terrenos comunales. Tres cuartos de la misma historia. Sin encomendarse a dios ni al diablo, un ayuntamiento socialista vendió terrenos que no podía vender, y ahora un ayuntamiento del PP tiene que cumplir una sentencia que salvaguarda los intereses de los ciudadanos porque alguien creyó que el huerto era suyo y podía hacer lo que le pareciera oportuno.
Pero curioso resulta como no, el caso de Garrucha, donde también un gobierno del PP tendrá que arreglar las irregularidades de sus antecesores socialistas. Resulta que firmaron convenios urbanísticos que luego no se cumplieron y el municipio ha perdido ocho millones de euros. La pregunta que surge es sobre la razón de "perdonar" semejante deuda a las constructoras correspondientes... y es uno puede ser muy mal pensado.
¡A que es curioso lo del urbanismo!
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